Rúbricas 3

48 Primavera - Verano 2012 Y si uno sigue estudiando el informe de asf observa la danza de los millones en todo el sector público de los tres niveles de gobierno que utilizan recursos federales. A estas alturas se impone la pregunta: ¿qué pasará con los recursos locales y estatales que por lo regular no tienen este escrutinio profesional como el que hace la Auditoría Superior de la Federación? El auditor Juan Manuel Portal propuso a los diputados crear un órgano público autónomo dedicado a sancionar a servidores públicos, una suerte de Tribunal que aplique sanciones ejemplares. Habrá que presionar al siguiente gobierno para que presente una ruta crítica para acotar y romper las cadenas de corrupción en México y erigir un Tribunal que no deje impune el desvío de recursos públicos. La propuesta es atendible, pero el problema es que nuestro país al ahogarse en un mar de corrupción evidencia el colapso ético de nuestra vida pública, la falta de valores en una sociedad que no considera su utilidad. La corrupción en la que nadamos es el resultado de años de una educación que no ha sabido cambiar conductas y actitudes personales y sociales. De una educación que no sólo es escolar, sino familiar y social. El diseño de una institucionalidad que rompa las cadenas de corrupción tiene que ir acompañado de un empoderamiento ético de abajo hacia arriba. Todos somos responsables para enfrentar el cáncer de la corrupción en nuestro cuerpo social. Ojalá no nos demos por vencidos ante su metástasis. No cabe duda de que México vive momentos de gran desafío en la historia de su configuración tanto como nación y como Estado. Nuestra sociedad está herida y amenazada. El gran reto de hoy es qué calidad de Estado estamos construyendo y en qué medida los diferentes actores de la vida pública creen y saben para qué es el Estado. El gran reto de hoy es cómo recuperamos la confianza entre los ciudadanos, la confianza entre autoridades y ciudadanos, la paz perdida ante miles de víctimas inocentes de una violencia irracional, inhumana y descivilizatoria. La narcoviolencia que se ha expandido en el país parece haber demostrado que en México la cultura de que “el hombre sea el lobo del hombre” está convenciendo gradualmente a sectores gubernamentales y sectores sociales, quienes parece que han convertido a la violencia en mediación social. México debe evitar el colapso de su Estado, un Estado que es fallido en diferentes frentes, territorio, legalidad, impunidad, corrupción, y donde la policía se ha convertido en esa bisagra entre el Estado criminal y el Estado como generador de bienes públicos. México tiene que hacer su propia revolución ética y moral donde la policía se rehaga desde el concepto de seguridad ciudadana, donde los derechos humanos sean el centro en torno al cual giren su ser y quehacer. México puede hacer de la necesidad virtud y refundando sus instituciones policiales puede liderar un esfuerzo democrático para cambiar la manera en cómo se previenen y persiguen delitos, cómo se consignan a los que delinquen y cómo se repara el daño a las víctimas. Esto implica que el nuevo gobierno deberá cambiar la estrategia de Calderón contra el narcotráfico y el crimen organizado. Más de 60 mil muertos, con noticias en torno a la dea lavando dinero para los narcotraficantes, facilitando armas a los cárteles con la operación “rápido y furioso” presumen que la estrategia prohibicionista de las drogas sólo beneficia un círculo cuyo centro son los propios delincuentes. El nuevo gobierno deberá transitar de un enfoque coercitivo de seguridad pública a un enfoque donde la seguridad sea ciudadana, donde el centro sean los derechos de los ciudadanos. El nuevo gobierno deberá entonces privilegiar la prevención del delito, el lavado de dinero y la reparación del daño a las víctimas de delitos y delincuencia. Esto supone instituciones policiales cuya principal actividad sea la inteligencia y la investigación. Una policía capaz de prevenir el delito es una policía que invierte en análisis social, en investigaciones sobre las complejidades que arrojan las nuevas configuraciones del tejido social, y en la generación de construcción de datos y nuevo conocimiento sobre las nuevas interacciones sociales. La represión policial hoy no es efectiva para inhibir delitos, es una vieja práctica que por conocida se practica, pero sin minimizar o acotar los incentivos criminales. Las viejas prácticas represivas tienen los siguientes resultados. Alfredo Orellana en la revista Este País de febrero de 2012 nos ofrece datos. En la última década, nos dice, “entre 2000 y 2011, los delitos denunciados han aumentado 27% en el fuero federal y 61.7% en el ámbito local”. Siguiente dato: en 2010, el inegi reportó que el 36% de los hogares mexicanos había padecido en carne propia ser víctimas de delitos. Finalmente, Orellana recuerda que el 95% de las víctimas sufrieron el delito en la entidad federativa en la que radican, y añade: “la justicia es un asunto mucho más local y doméstico de lo que parece”. Por eso, para que el Estado no sea fallido desde lo local, visualizo a una policía previniendo y persiguiendo delitos con inteligencia, con la convicción de que lo hará con solidez científica, con autoridad moral y con robustez democrática en donde la institución policial genera bienes públicos y recibe la admiración y aceptación de los vecinos. Y eso implica que la policía debe sustituir a los militares en la persecución de la delincuencia organizada. Los militares deberán regresar a sus cuarteles. Transitar de la seguridad pública a la seguridad ciudadana es regresar a los militares a sus funciones esenciales. Carlos Álvarez, asesor de Antanas Mockus, ex alcalde de Medellín, dice así ante la respuesta social del desafío de la narcoviolencia colombiana: “entre todos se empezó a operar una forma inédita de reconstrucción de la autoridad moral, ganada desde la misma condición de ciudadanía por cada persona de a pie, y re-descubierta como un valor político cimero que nos prefiguró una poderosa renovación ética ciudadana como meta final”. T ransitar de la seguridad pública a la seguridad ciudadana

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