Rúbricas 3

50 Primavera - Verano 2012 Esa renovación ética ciudadana implica transitar de la seguridad pública a la seguridad ciudadana, de la seguridad nacional a la seguridad humana. Entiendo por seguridad ciudadana, como lo hace ver la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: el proceso a través del cual las autoridades estatales garantizan a la población el efectivo ejercicio de los derechos humanos relacionados con la prevención y el control de la violencia y el delito. Entonces, la acepción de una institución policial con moral pública implicaría las siguientes políticas públicas: la atención a las víctimas de la violencia y el delito con la reparación del daño por parte del Estado; la regulación profesional de la privatización de los servicios de seguridad; la adecuada gobernabilidad de la seguridad ciudadana con efectivos policiales que saben qué son y cómo se protegen los derechos humanos; una ruta crítica y medible de la profesionalización y modernización de las policías locales y el desaliento de los militares como responsables de la seguridad pública. Ésta debe ser la agenda del nuevo gobierno, un gobierno con agenda ciudadana en seguridad, ya no pública, sino ciudadana y humana. Antes que el crimen organizado le plantara cara al Estado mexicano, lo penetrara y se burlara de él, ya otra camarilla le había declarado la guerra: el fundamentalismo neoliberal. En México y en América Latina los neoliberales llevaron al extremo su doctrina, había que erigir en Dios al mercado. Los neoliberales latinoamericanos terminaron siéndolo en mayor medida que sus colegas del “primer mundo” y animados con la caída del muro de Berlín decretaron su victoria final contra todo aquello que oliera a comunismo, estatismo, regulación estatal de la economía o socialismo. Fue entonces cuando vino una estrategia ideológica, política y social contra el Estado. A éste había que reducirlo al mínimo, acaso en funciones policiales, pero por ningún motivo habría que permitirle metiera sus narices en la economía, menos aún en la libertad de empresa y todos los principios que le son consustanciales. Así vinieron las privatizaciones, las desregulaciones, la inversión extranjera, en varios países de América Latina la dolarización de la economía y, por consiguiente, el surgimiento de nuevos ricos, el empoderamiento de la vieja oligarquía terrateniente, el desdoblamiento de dicha oligarquía en nuevos agentes económicos y financieros. Todo eso se hizo con la fuerza del fundamentalismo de mercado, con sus principios y sus preceptos. Quien ganara las elecciones presidenciales tenía que contar con el apoyo de las oligarquías, quien aspirara al poder presidencial no tenía que tener un pensamiento con tufo estatista o apoyador del gasto público. Los neoliberales se convirtieron entonces en validadores de candidaturas y censores fácticos de elegibles políticos. Ahí está la declaración que en su momento hizo Fox: “este es un gobierno de empresarios para empresarios”. Pero al mismo tiempo que se construía con éxito la era neoliberal, inevitablemente se iban presentando sus obvias contradicciones. La pobreza histórica de los países en vías de desarrollo se convertía en exclusión social, en masiva migración del sur al norte, en abrir una brecha cada vez más larga entre ricos y pobres. El neoliberalismo estaba siendo construido por una nueva camarilla de tecnócratas que creían modernizar sus países y alejarlos para siempre del atraso. Uno de esos tecnócratas, Ernesto Zedillo, habría de adelantar el desnudo neoliberal. Hoy la prensa internacional se ha encargado de recordar la política del gobierno de Zedillo, apoyada por el pri y el pan para el rescate bancario. El análisis no podía ser más claro. México y Finlandia representan las antípodas de lo que se debe y no se debe hacer en estos casos. Mientras el Estado finlandés rescató su sistema bancario con una política de seguimiento caso por caso y con claros beneficios para los contribuyentes y sanciones para los especuladores, el Estado mexicano, con su camarilla neoliberal, premió la corrupción, alentó el patrimonialismo, metió en la bolsa del Fobaproa a entidades y empresarios que nunca debieron haber estado y le pasó la cuenta a los ingenuos contribuyentes mexicanos. En los días en que se discutía el apoyo de los 700 mil millones de dólares del gobierno norteamericano a sus quebradas entidades financieras, el caso mexicano aparecía justo como aquello que, por ningún motivo, debería hacerse. Ya para entonces, el desnudo neoliberal era evidente. Por un lado, su fundamentalismo doctrinal apartaba al Estado de las prácticas económicas y financieras, pero cuando estas prácticas condujeron a la catástrofe de resultados, en buena medida por la falta de ética y regulación pública, entonces sí, había que acudir al Estado para salvar los pasivos y, de una vez, las utilidades de sus negocios. La crisis económica desatada hace unos años por las hipotecas basura en Estados Unidos, lo ha dicho muy claramente el presidente del Banco Mundial, se debe, fundamentalmente, a la falta de regulación estatal de cierta actividad económica y financiera basada en la absolutización del mercado. Esta crisis global está siendo muy pedagógica, está quedando muy claro a cada vez más amplios sectores sociales que el neoliberalismo, en realidad, se mueve bajo el principio de privatizar las ganancias y cuando fracasa por sus propios excesos, socializar las pérdidas. El nuevo gobierno no puede seguir gestionando a los poco más de 52 millones de pobres con que terminó el año 2011 (4 millones más que en 2009). Tampoco puede seguir auspiciando la enorme desigualdad de ingresos entre los mexicanos, que según el coneval, 10% de la población más rica en 2011 ganó 26 veces más que el 10% más pobre. Mucho menos, puede el nuevo gobierno seguir sosteniendo los salarios mínimos ni la comisión que los determina ni administrar la pérdida de su poder adquisitivo de los últimos 25 años. El modelo económico debe cambiar en salarios, competitividad, desarrollo sustentable y equidad social. Cambiar el modelo neoliberal mexicano

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