54 Otoño-invierno 2012 ción del espacio, donde los habitantes de la periferia serían víctimas pasivas de especuladores o francos delincuentes invasores de un espacio que no les pertenece (por supuesto, una lectura que se hace sobre los asentamientos humanos de población de bajos ingresos). En el extremo, el dualismo referido connota un prejuicio ideológico que se atreve a establecer, delimitar y separar lo normal de lo patológico, lo verdadero de lo falso, desde una elaboración del saber que apenas encubre su relación con el lugar de poder desde el que se afirma (Foucault, 1978). De tal perspectiva, que procede de la normalización de determinadas formas urbanas, se desprende que esto configura una anomalía externa al sistema de ordenación urbana y territorial que, más allá de algunos errores técnicos, funciona bien. Desde esta lectura, el asentamiento poblacional en la periferia es una expresión de la insuficiente incorporación de la población a los circuitos del mercado formal, por las pobres capacidades inherentes a esa población o, eventualmente, por las insuficiencias de la oferta de vivienda que sólo puede ser llenada con más existencias de “productos urbanos”; o en el mejor de los casos, un resultado de los desequilibrios territoriales derivados del subsidio público a las des-economías de aglomeración que se presentan en las grandes ciudades; o, en ausencia de análisis, una manifestación de prácticas criminales (Negrón, 1991:84). El diagnóstico referido no puede sino concluir que tal dualidad, la que distingue y separa sin más las urbanizaciones periféricas de la ciudad “como tal”, y no como la manifestación de una forma específica de producción de ciudad, sólo puede ser enfrentada a través de la erradicación de las prácticas ilegal/informales, bien impidiendo su formación (a través de la represión o eventualmente a través de los instrumentos de la planeación normativa estatal), bien por la incorporación de sus habitantes, en cuanto fuere posible, a los patrones y formas de vida de la urbanización formal/ legal, a través de los diversos mecanismos de ampliación de las reservas de suelo, de la regularización de la tenencia de la tierra, o del aceleramiento de los procesos constructivos por parte de promotores inmobiliarios (estrategia que niega y eventualmente criminaliza la relevancia de la denominada producción social de vivienda2). Tal interpretación, cuya fundamentación originaria se apoya, como hemos dicho, en una mirada parcial, que enfatiza algunas características físico espaciales de los asentamientos ilegales, se refuerza con un diagnóstico socioeconómico en el que el problema es resultado de un incremento de la población que se incorpora a la ciudad, a través de los procesos migratorios, y fundamentalmente procedente del campo en condiciones que la convierten en “marginal” y por esto distinta a la población urbana propiamente dicha. 2 Definida como aquella que se realiza bajo proceso de autogestión sin fines de lucro por parte de la población de bajos ingresos, es decir, la vivienda popular por autoconstrucción que es la forma dominante de producción de vivienda en el país. Al decir de Negrón (ibid.), este diagnóstico tiene dos vertientes dominantes: una (de derecha), para la cual la imposibilidad de incorporación reside en una incapacidad poco menos que congénita de esa población por adaptarse a los requerimientos de la vida urbana, y otra (de izquierda), para la cual la causa reside más bien en las características genéricas del “modelo capitalista”, incapaz de responder a las necesidades de la mayoría de la población. En el primer caso la conclusión a la que se suele llegar es que estamos ante una forma de crecimiento de la ciudad que se convierte en un obstáculo al desarrollo de la sociedad en su conjunto: la población “marginal” no aporta nada o casi nada al proceso de producción de riqueza, pero, sobre todo, por la vía de los consumos colectivos, absorbe una parte de ella. Se trataría, en definitiva, de una población subsidiada y parasitaria a la que una sutil línea separa de la delincuencia, social o política. En el segundo caso, al identificarse las causas de la situación en el modelo global de crecimiento, el planteamiento de soluciones a una de sus expresiones parciales, como es la crisis urbana, resulta más problemático y la respuesta termina siendo aún más elusiva: luchar por una transformación radical de la sociedad en su conjunto (ibid.: 82-83). Sin embargo, ambas formulaciones, al equiparar la urbanización informal/ilegal, con el carácter marginal de sus habitantes, a partir de la constatación de una cierta “marginalización ecológica”, obvian dos hechos centrales del que existen sobradas evidencias. Por un lado, gran parte de la población de la ciudad ilegal –en algunos casos la mayoría– no es marginal en el sentido habitualmente dado al término, es decir, no es una población excluida del “sector moderno” de la economía, sino que, por el contrario, se encuentra incorporada, de alguna manera, a los procesos económicos formales. En este sentido, las urbanizaciones que carecen de una autorización formal no son características de un tipo de hábitat sino de un tipo particular de promoción que puede prescindir de un reconocimiento jurídico inmediato y concierne a diferentes relaciones de los actores sociales con la ciudad, a específicas relaciones de poder que se manifiestan, por ejemplo, en los propios procesos de regularización y, por contraste, en la desregulación de la urbanización que desarrollan las grandes corporaciones inmobiliarias (Soto, 2012). Por otro lado, crecientemente, el patrón de ocupación espacial del territorio periférico incluye urbanizaciones que no se constituyen de población de bajos ingresos, y esta población, no marginal, realiza la ocupación de ese suelo, lo mismo mediante formas “ilegales” y legales”, para producir formas de habitabilidad que van desde una suerte de espacio híbrido, cuyos referentes son lo mismo el barrio urbano tradicional que la aldea campesina; al típico suburbio-jardín en su versión norteamericana, hasta formas cerradas de urbanización, radicalmente distintas al modelo de la ciudad tradicional: ciudades amuralladas, ciudades cerradas, fraccionamientos, enclaves cerrados, gated com-
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