18 Otoño 2012 publicar información vinculada con la violencia. Días antes, sus instalaciones habían sido atacadas, por segunda vez, con armas de fuego y un artefacto explosivo. Asociados a esta realidad, los asesinatos de periodistas revelan la profunda vulnerabilidad en la que se encuentra este sector de la población en aquellas geografías afectadas por la delincuencia organizada. Al 19 de mayo de 2012, la oficina local de Article 19 había documentado 46 homicidios de periodistas desde el inicio del sexenio calderonista, siendo Veracruz el estado más peligroso para la libertad de prensa con nueve asesinatos, y seguido por los estados de Chihuahua y Guerrero con siete y seis homicidios, respectivamente. A través del Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia –constituido por Héctor Aguilar Camín, José Carreño Carlón, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Saúl López Noriega, Federico Reyes Heroles y Regina Santiago Núñez, en mayo de 2011, a fin de verificar el cumplimiento del acuerdo mediante informes trimestrales– han sido condenados todo tipo de agresiones, ataques y amenazas contra periodistas y medios de comunicación. Por desgracia, parece que ante la ola de violencia desatada por la acción gubernamental de combate frontal al crimen organizado, el ejercicio periodístico queda en medio de la contienda y se suma a su lista de secuelas negativas. Pese al acuerdo, para todos es sabido que México se ha convertido en uno de los países más riesgosos para el oficio periodístico. A más de un año de su firma, es posible constatar que se ha avanzado en la consecución de sus siete objetivos. Como lo abrevió la representación en México de Article 19, el acuerdo es perfectible, pero sería un error no decir que más cerca está de un deseo acertado de profesionalización y protección de periodistas, que de aspirar a censurar la información de la violencia. De cualquier modo, la gravedad del país no se nutre por la transmisión de los mensajes del narcotráfico, sino por la impunidad que deja en total desprotección a quienes desempeñan una primordial y necesaria labor informativa para la sociedad entera. La cobertura podrá ser ejemplar, sin embargo, si la impunidad campea la realidad que habrá de reportarse, seguirá siendo la misma. De acuerdo con el informe Silencio forzado: el Estado, cómplice de la violencia contra la prensa en México, a seis años de la creación de la ahora Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, esta instancia había integrado únicamente 27 acciones penales, obteniendo una sola sentencia condenatoria. Arena vulnerable En los años recientes, en una relación contrastante en más de un aspecto con el devenir de los medios de comunicación analógicos ha irrumpido en la realidad mexicana un nuevo actor colectivo: muy joven, mayoritariamente clasemediero, con niveles de escolaridad superiores al promedio y usuarios intensivos de las redes sociales, que comienza a hacer sentir su capacidad de incidencia en el espacio público. Esa nueva energía social ha tenido, no obstante, una incorporación turbulenta en la escena de una realidad mexicana convulsionada por el azote de la violencia, como pretenden mostrarlo las siguientes imágenes. Twitter, con “t” de terrorismo La tarde del jueves 25 de agosto de 2011 los medios de comunicación en México informaban de la aprehensión en Veracruz, por los cargos de sabotaje y terrorismo, de María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, señalados como presuntos responsables de haber desatado, vía Twitter, una psicosis entre la población del puerto de Veracruz y de Boca del Río al alertar sobre supuestos ataques del crimen organizado a planteles escolares, lo cual provocó la movilización de cientos de padres de familia. La acción de la Procuraduría General de Justicia (pgj) de Veracruz estuvo precedida por la veloz intervención del gobernador Javier Duarte quien, también vía Twitter, a la vez que desmentía la veracidad de las alertas, amenazaba con emprender acciones contundentes para castigar a quienes hubieran difundido los rumores en las redes sociales. Y así fue, a partir de la declaración del gobernador el proceso de investigación y las diligencias judiciales transcurrieron a alta velocidad, a una velocidad inusualmente alta para los estándares de la justicia mexicana: la Policía Cibernética veracruzana los ubicó rápidamente y fueron aprehendidos para la realización de la averiguación previa 340/2011 abierta por la pgj veracruzana por el delito de terrorismo tipificado en el Código Penal del Estado de Veracruz, que califica como terrorista a todo aquel que […]utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a ésta para que tome una determinación [a quienes, dicha normativa promete] de tres a 30 años de prisión, multa hasta de 750 días de salario y suspensión de derechos políticos hasta por cinco años. Desde ese día, por cortesía de las autoridades veracruzanas y para los efectos legales que a los interesados convenga, Twitter se convirtió oficialmente en un arma y su uso motivo de sospecha. Gilberto Martínez y María de Jesús Bravo recibieron, el 1 de septiembre del 2011, auto de formal prisión y fueron recluidos en el penal de Coatepec. Ese mismo día, la
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