20 Otoño 2012 pgj veracruzana emitió la declaración disuasoria de que otras 15 cuentas de Twitter eran investigadas. Sin embargo, también desde el día mismo de la aprehensión de “los tuiteros de Veracruz” –apelativo con el que pronto fueron mejor conocidos– pudo observarse otra movilización, ésta de carácter civil, que acompañaría la defensa legal que los abogados Fidel Ordoñez y Claribel Guevara hicieron de los inculpados y que a la postre lograría su liberación el 21 de septiembre, al conseguir de parte del gobierno de Veracruz el desistimiento de sus acusaciones. Durante tres semanas, cientos, miles, de usuarios de las redes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos reivindicaron, de distinto modo y tono, el derecho de la ciudadanía a compartir información sobre el minuto a minuto de una violencia que las autoridades pretenden ocultar obcecadamente, con la complicidad o el temor de los medios de información convencionales. Aunque el gobierno de Veracruz pretendió hacer pasar su desistimiento como un acto –en palabras del procurador Reinaldo Escobar– “de buena fe, legalidad, honradez, objetividad, imparcialidad, eficiencia y profesionalismo”, lo cierto es que en la opinión pública prevaleció la percepción de que con el retiro de sus acusaciones el gobierno veracruzano intentó, tarde y mal, atenuar los efectos de una “pifia jurídica”, como la calificaron los abogados defensores de los tuiteros. Asimismo subsistió la percepción de que la sociedad civil había conseguido un provisional triunfo frente a un poder público no sólo poco receptivo a las necesidades informativas de la ciudadanía sino intolerante frente a las iniciativas de autogestión en la materia. Eso subrayaba María de Jesús Bravo al abandonar el penal: “¡Éste es un triunfo de la libertad de expresión, de los tuiteros y de la sociedad!”, al tiempo que agradecía el apoyo de los medios de comunicación, de “los tuiteros solidarios” y de la sociedad de Veracruz “y del mundo”, quienes presionaron por su liberación. Mensajes bajo un puente Lamentablemente el desenlace de ese episodio de la historia de las redes sociales en el México de la época de la “guerra contra el narcotráfico” no ha sido la norma en todo el territorio mexicano. Sólo una semana antes de la liberación de los tuiteros veracruzanos, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocurría una historia muy distinta; historia que el portal de cnn en su versión internacional contó después a través del testimonio de Chuy, un tuitero de aquella localidad que solicitó el beneficio del anonimato. Como muchos automovilistas de aquella ciudad fronteriza, Chuy circulaba la madrugada del martes 13 de septiembre de 2011 por la carretera que conduce al aeropuerto cuando advirtió el movimiento de dos cuerpos que pendían del puente peatonal en Los Mayas, el de una mujer de unos 28 años y el de un hombre de aproximadamente 25, ambos con visibles muestras de haber sido torturados antes de su asesinato. Chuy confesaría después que lo que realmente lo asustó aquella mañana no fue tanto la visión de los dos cadáveres, aun cuando éstos habían sido severamente ultrajados –el de ella con las entrañas expuestas–, sino los mensajes escritos en dos cartulinas colocadas junto a los cuerpos donde podía leerse con claridad un mensaje de Los Zetas: “Esto les va a Pazar [sic] a todos los relajes [soplones] del internet”. Aunque la amenaza estaba dirigida especialmente a los sitios Al rojo vivo, Blog del Narco y Denuncia ciudadana –los tres bien conocidos por tratar temas de violencia e inseguridad y por ofrecer sus espacios a quienes deseen publicar información y mensajes de alerta sobre lugares y situaciones de riesgo en las ciudades fronterizas del norte de México–, Chuy se sintió directamente aludido y pensó: “Una de esas personas colgando del puente podría haber sido yo”. En la reflexión de Chuy no había el menor ánimo retórico, él, como muchos otros ciudadanos durante los últimos años ha sido un activo usuario de Twitter y otras redes sociales como mecanismos de intercambio de información sobre la violencia; información especialmente necesaria después que las autoridades municipales y estatales se empeñaron en restar importancia a la información sobre la acción de los cárteles en Tamaulipas al grado, incluso, de “explicar” el estado de tensión generalizada entre la población como un fenómeno de “psicosis colectiva”. Caminar sobre vidrios rotos A la vista de tal actitud oficial –por cierto no privativa de aquella entidad– no extraña que la Fundación de Periodismo de Investigación calificara a Tamaulipas como “un agujero negro informativo” en el informe titulado México: la nueva espiral del silencio (2011), donde se asegura que la prensa local reporta sólo el 1% de los incidentes de narcoviolencia y que, en el caso de Nuevo Laredo, lo único que se hace público son incidentes ocurridos del otro lado de la frontera, en Texas. Ese documento también consigna que Tamaulipas fue uno de los primeros estados en sufrir la violencia sistemática contra periodistas; allí –se subraya– el sistema de control a la prensa es la norma. Esa combinación de condiciones: una violencia desbordada y ausencia casi absoluta de información, es la que, a decir de una de las editoras del Blog del Narco, hizo necesaria la creación de ese espacio, frecuentemente acusado de excesiva crudeza y amarillismo. A mediados del año 2011, en entrevista concedida en condiciones de anonimato al noticiario colombiano NTN24, la editora argumentaba la necesidad social de ese nuevo medio de información en contraste con el ya referido Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, frente a cuyo propósito de discriminar la información relativa a la violencia para impedir que los medios se convirtieran en “instrumentos involuntarios de la propaganda del crimen organizado”, señalaba que ese no era el verdadero tema: “no se trata de difundir la violencia, se trata de que la gente tiene que saber en dónde está viviendo, la gente tiene que estar consciente de los riesgos que está pasando”.
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