48 Otoño 2012 para sensibilizar acerca del fenómeno del cambio climático y los devastadores efectos del calentamiento global. Así, el problema de la seguridad ciudadana no parece haber obtenido visibilidad suficiente, por lo que los interesados en movilizarlo requieren de estrategias diferentes para desvincularlo del tema dominante de la seguridad nacional e impulsarlo como un asunto prioritario. Pero no sólo es el tratamiento del tema; igual o más importantes son las características del camino que debe re- correr; ello se refiere a las particularidades del espacio público en un contexto dado, del entramado institucional y de los canales y procesos que permiten aglutinar, representar y llevar demandas sociales a las arenas de decisión política. Así, en sistemas con un alto grado de pluralismo y permeabilidad, el caso estadounidense es citado frecuentemente, y las posibilidades de influir en la hechura de políticas (definir problemas, presentar, discutir y elegir entre diversas opciones) son mayores. En México, en cambio, las posibilidades son aún bastante acotadas. Hasta antes de la transición democrática el gobierno controlaba la formulación de políticas. Enrique Cabrero (2000) ilustra esto diciendo que el gobierno era el dueño de la baraja, establecía las reglas del juego y decidía quién podía jugar. Hoy existen jugadores no decididos por el gobierno y algunas reglas se pueden discutir, pero el gobierno aún controla la baraja. Los nuevos jugadores, sin embargo, no son representantes de todos los intereses de la sociedad, sigue predominando una élite político-económica que sistemáticamente influye la hechura de políticas para favorecer sus intereses. A esto se refieren Denisse Dresser (2011) y Carlos Elizondo (2011) cuando señalan que el país está controlado por monopolios. En suma, el camino que debe re- correr la demanda de atención a la seguridad ciudadana presenta muchos obstáculos; uno importantísimo es que la violencia cotidiana (asaltos, extorsiones, secuestros, balaceras) parece afectar menos a quienes, con recursos propios, tienen la capacidad de suplir la protección que el gobierno debiera proveer. Son aquellos que viven, estudian y trabajan en espacios fuertemente resguardados, los que pueden pagar seguridad privada o enviar a su familia fuera del país. Lamentablemente son los mismos que dominan en el espacio público y quienes, mediante canales privilegiados, podrían influir para que la inseguridad ciudadana fuera prioridad para el gobierno. Sin embargo, vivir en un mundo protegido, lejanos de la realidad violenta cotidiana, hace a estos actores menos receptivos e interesados en este problema. Por consiguiente, parece necesario mapear el trayecto que la demanda de seguridad ciudadana debe seguir, identificar los posibles obstáculos y también las oportunidades para movilizar a la ciudadanía y, sobre todo, desarrollar de manera inteligente y creativa estrategias que permitan involucrar a los menos afectados y a los más influyentes. Seguridad ciudadana e implementación Los estudios sobre implementación de políticas tratan de entender por qué, incluso las estrategias mejor diseñadas, raramente dan los resultados esperados o hasta pueden terminar en rotundos fracasos. Entre los hallazgos más importantes de esta literatura tenemos que la implementación de una política tiene mayores probabilidades de fallar cuando hay muchos actores involucrados y cuando éstos pueden modificar o hasta bloquear la política (Wildavsky y Pressman, 1973). Éste es el caso en sistemas federales, como el nuestro, donde coexisten tres órdenes de gobiernos autónomos y cuyos ejecutivos (presidente, gobernador, alcalde) tienen generalmente la última palabra sobre los asuntos que competen a sus jurisdicciones. La comunicación deficiente, la ausencia de incentivos para cooperar y el desdeñar a los actores del último eslabón (funcionarios de ventanilla, policías, facilitadores, etc.) son factores que también afectan negativamente la implementación. En México, hoy existen pocos incentivos a la cooperación debido a factores estructurales que han sido señalados por los estudiosos. Primer factor: la transición democrática ha llevado a la convivencia de gobiernos de distintos partidos; puesto de manera sencilla, los gobiernos del mismo color tienen incentivos para cooperar y los de partido diferente los tienen para no hacerlo o, incluso, para bloquearse entre ellos (Garman, et al., 2001). Segundo: desmantelado el control central del presidente y del pri, los gobernadores han demostrado poder para controlar sus estados prácticamente sin resistencia (Ward y Rodríguez, 1999). Tercero: los municipios son el eslabón más débil del sistema, en recursos y capacidad institucional (Merino, 2006) y (sobre) viven subordinados a sus respectivos gobiernos estatales. En este marco de análisis tenemos que, hasta ahora, el problema de seguridad en México (la nacional y como subproducto, la ciudadana) se ha asumido como tarea del gobierno federal, pero, como muchas otras cosas, se sufre más y cotidianamente en el nivel local. Para el gobierno federal establecer estrategias de alcance nacional, donde poseer el mayor control se considera deseable para una política efectiva (la iniciativa de una policía nacional con mando único, por ejemplo), es muy complicado porque requiere convencer y obtener compromisos de cooperación de 31 gobernantes con distintas percepciones del tema, distintas necesidades locales y distintas filiaciones políticas. Además, muchos de ellos pueden tener motivos para oponerse al gobierno federal, como parte de alguna estrategia o compromiso políticos; hoy pueden hacerlo y esto complica aún más las posibilidades de cooperación. Ahora bien, desde la postura de los gobiernos estatales y locales hemos escuchado repetidamente que no cuentan con los recursos necesarios para hacer frente al problema y que, por tanto, es el gobierno federal quien debe hacerse cargo de atenderlo. La respuesta ha sido que, como gobiernos, los estados y municipios son también responsables de atender el problema, deben velar por la seguridad en sus territorios y cuentan
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