P resentación Nuestro país vive una grave crisis de inseguridad y violencia de unos años a la fecha. Esta crisis ha afectado a todos los ciudadanos, hombres y mujeres, adultos mayores, jóvenes y niños, particularmente a poblaciones marginadas y vulnerables. La violencia y la inseguridad son resultado de la mezcla de la acción criminal con mecanismos de control de la misma introducidos por el Estado. La estrategia de combate al crimen ha tenido un enfoque reactivo-represivo, en el que al fenómeno delictivo se le enfrenta de manera casi exclusiva con el uso de la fuerza. Esta estrategia, que carece de objetivos claros, de mecanismos públicos y consensuados de evaluación, ha propiciado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y provocado una mayor violencia de la delincuencia organizada en contra de la población civil. Las consecuencias son desoladoras: casi 60 mil muertos, miles de desaparecidos y decenas de miles de personas desplazadas de su lugar de residencia, sin haber obtenido resultados significativos en términos de control de drogas, violencia y crimen organizado. El enfoque represivo, además, no ha contribuido a resolver las causas de fondo de los consumos ilegales y de la violencia. Inseguridad, delito y violencia son fenómenos que tienen muchas y complejas causas. Se encuentran ligados a factores de marginación social, falta de oportunidades, desigualdad económica, así como a la corrupción endémica, debilidad, ineficiencia de las instituciones del Estado, particularmente de las encargadas de procurar y administrar justicia. Al Estado le que corresponde garantizar la seguridad de las personas y es un derecho exigir que cumpla con esta obligación. Pero, además, es deber del Estado respetar y garantizar los derechos humanos de la población. Para que ambas cosas sean posibles, es urgente cambiar la estrategia y el concepto mismo de seguridad que maneja la élite gobernante. Una concepción adecuada de seguridad la define de manera amplia, con un enfoque democrático y de derechos humanos. Toma como base la dignidad de la persona humana y el derecho a una vida sin violencia, centrándose en la protección de las personas y las comunidades, a fin de que puedan desarrollarse plenamente. En esta comprensión, el respeto a los derechos fundamentales y a las garantías individuales es parte esencial y no un obstáculo para conseguir la seguridad que se pretende. La estrategia que se requiere, por otra parte, debería tener como fundamento el incremento de la capacidad de investigación y procuración de justicia y no el “despliegue territorial” de la fuerza pública. Adicionalmente, debe contemplar el retorno gradual de las Fuerzas Armadas a sus responsabilidades constitucionales, dado que su actual participación carece de un marco institucional democrático para su involucramiento en el combate a la delincuencia. La prevención del delito, el fomento de la cultura de la legalidad, además de políticas sociales de combate a la pobreza, generación de empleo, acceso de los jóvenes a la educación, han de complementar la estrategia que necesitamos. La participación ciudadana, el control civil sobre las fuerzas del orden, la rendición de cuentas en estas tareas son fundamentales para garantizar la eficacia de las medidas que se adopten, pero sobre todo como expresión de genuina democracia. Los temas de la paz, la justicia y la seguridad de las personas son temas propios de la universidad: en ellos se juega también la posibilidad de la universidad misma y la justeza del saber universitario. Corresponde, pues, a las instituciones de educación superior, junto con otros grupos humanos y organismos públicos y privados, investigarlos, difundirlos, y proponer derroteros para su plena garantía. Además, la educación puede y debe trastocar la aprobación social del criterio del lucro como valor supremo que yace en el fondo de la problemática de la economía criminal. También desde la educación es posible prevenir consumos dañinos para la juventud. Este número especial de Rúbricas quiere ser una manifestación del interés y compromiso de nuestra Universidad con su circunstancia. Pretende aportar a la discusión sobre seguridad y violencia en curso en el país, en el contexto del relevo en la Presidencia de la República. En la Ibero Puebla somos pacifistas, pero queremos ser pacificadores: aportar nuestra visión y propuestas para combatir la violencia y construir la paz que es fruto de la justicia. No queremos ser ingenuos, sino comprender esta problemática en su cabal complejidad. También deseamos hacerlo desde los intereses y anhelos de los sectores más vulnerables y marginados de la sociedad. Por eso abordamos aquí la perspectiva de los jóvenes, los indígenas, las mujeres. El tema de la mediatización de estas cuestiones es igualmente un factor para su abordaje íntegro. La universidad sólo puede cumplir sus fines dentro de la sociedad si preserva su libertad frente a cualquier factor externo de poder. Mientras mayor sea su autonomía e independencia, mejor podrá servir como educadora, guía, promotora del avance social y cultural, y como instancia crítica permanente. Las reflexiones que ahora presentamos las hemos hecho con toda libertad y absoluta independencia de cualquier interés establecido fuera de nuestra casa de estudios. Al hacerlo así nuestra intención es precisamente educativa, crítica, promotora y propositiva. David Fernández Dávalos, sj. Rector de la Universidad Iberoamericana Puebla
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