54 Otoño 2014 Anastasio Hernández Rojas: un caso de impunidad e indiferencia El 28 de mayo de 2010, Anastasio Hernández Rojas perdió la vida a causa de la brutal golpiza a la que fue sometido por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Lo golpearon y le aplicaron choques con pistolas eléctricas en la zona del cruce de peatones en la garita internacional de San Ysidro-Tijuana. Anastasio Hernández Rojas se dedicaba a la limpieza de albercas y a la industria de la construcción y había procreado cinco hijos en Estados Unidos donde vivió los últimos veinte años de su vida. Fue detenido por no contar con documentos migratorios. La agresión fue captada en video con un celular, propiedad de un joven que presenció los hechos. Aunque las imágenes no son muy claras, sí pueden escucharse las súplicas de Anastasio cuando una veintena de agentes estadunidenses lo golpeaban con toletes, puños y pies y le infligían descargas eléctricas hasta dejarlo inmóvil (Heras, 2010). El migrante de 32 años de edad falleció tres días después en el Hospital Sharp de Chula Vista, California. El incidente llevó a 16 legisladores a exigir respuestas a la Patrulla Fronteriza de California, cbp por sus siglas en inglés, además de realizarse una auditoría por parte del Foro de Investigación de la Policía Ejecutiva (perf), cuyos resultados no se han dado a conocer públicamente. A cuatro años de su muerte, este caso aún no se ha resuelto, a pesar de que se conoce la identidad de doce de los agresores y se han presentado demandas judiciales en su contra. En entrevista para los medios (Televisa, 2014), el director de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, Christian Ramírez, señaló que ya se ha solicitado la intervención de la Casa Blanca pues existen documentos “que demuestran con certeza” la falta de transparencia de la corporación policial más grande del país. “El tiempo para la rendición de cuentas ha llegado, no podemos seguir tolerando abusos por parte de agentes federales”, aseveró. El asesinato de Anastasio Hernández Rojas se suma a la cadena de muertes que han sufrido migrantes en manos de los agentes federales, crímenes que indignan a las autoridades mexicanas y enfurecen a los activistas ante la falta de respuesta. La diferencia es que, en este caso, existen evidencias grabadas del brutal incidente que hacen evidente el patrón de denegación de Justicia de las Cortes Federales y la poca eficiencia del gobierno de México para exigirla. El acceso a la justicia es la única vía posible para acabar con la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos en ambos lados de la frontera. Un principio de justicia en una sociedad democrática exige que los servicios jurídicos se encuentren al alcance de toda la ciudadanía, incluyendo a quienes no tienen los medios económicos para procurarlos. Por consiguiente, es condición necesaria que los gobiernos de ambos países no sólo revisen sus políticas migratorias (ejecutando las reformas migratorias necesarias y dejando de lado los intereses políticos y partidistas), sino que procuren, a la par, una reforma de sus sistemas de impartición de justicia, de tal manera que garanticen y reconozcan los derechos fundamentales. Políticas migratorias y derechos humanos El endurecimiento de la política antimigratoria norteamericana ha sido la causa de un incremento importante en el número de muertes, tanto en la zona del Río Bravo como en Baja California. En 1994 se aprobó en el Congreso de Estados Unidos la Operación Guardián, iniciativa del Partido Republicano para reforzar la vigilancia a lo largo de los tres mil kilómetros de su frontera con México. Esta medida agravó la dificultad para cruzar por las zonas tradicionales obligando a las personas migrantes a atravesar los desiertos y zonas menos vigiladas, multiplicándose así los riesgos. En el primer semestre de 1999 se registraron 93 casos de migrantes fallecidos por diversas causas, entre ellas la insolación y el ahogamiento en el Río Bravo (Moreno Mena). En 1996 entró en vigor la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes (Act.-iiraira) que supuso un incremento en las medidas de control en la frontera, así como el establecimiento de sanciones más duras contra migrantes indocumentados y sus empleadores, con el afán de detener el flujo migratorio. Además, se creó la figura de expulsión expedita, sin derecho a audiencia, para evitar el largo y costoso juicio de deportación, y limitó en gran medida los servicios a los que podían acceder las personas inmigrantes indocumentadas. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y en aras de la seguridad nacional, se reforzó la promulgación de leyes antiinmigrantes cada vez más punitivas. Las personas inmigrantes sin documentación fueron categóricamente separadas del resto de la población a través de una vigilancia continua ejercida tanto por las autoridades como por la ciudadanía. De esta manera, se los orilló a aceptar cualquier tipo de trabajo, condiciones de vivienda y marginación. Otra consecuencia fue que se multiplicaron las redadas, la persecución, los encarcelamientos y las deportaciones. Como resultado de esta política se registraron 345 542 sucesos1 de repatriación de nacionales desde Estados Unidos (inm, 2012). Miles de personas han retornado a México (Padilla, 2012), algunas “de manera voluntaria”2 y otras mediante procesos legales de deportación. En 2002, el gobierno de Estados Unidos promulgó la Ley de Seguridad Nacional (Home security Act). A partir de 2003, el control de la frontera y de la migración pasó a formar parte del Departamento de Seguridad Nacional, registrándose un aumento considerable de personas procesadas, encarceladas y deportadas por violar leyes migratorias. El establecimiento de una conexión más 1 Las cifras se refieren a sucesos, debido a que una misma persona pudo haber sido repatriada en más de una ocasión. 2 Aunque la mayoría firma su salida voluntaria, ésta es consecuencia de su persecución y detención por las autoridades estadounidenses.
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