55 directa entre migración y criminalidad impuso condiciones de vida mucho más duras para las personas migrantes y sus familias. Las soluciones propuestas por la ley de migración –restringir, vigilar, castigar, capturar y deportar– evidencian una visión negativa de estas personas (Castañeda, 2012). Influenciadas por la lucha contra el terrorismo, las políticas migratorias han ido cambiando su enfoque cada vez más para dar mayor importancia a la ejecución de la ley en detrimento de la protección (ichrp, 2010). Sin embargo, estas políticas punitivas y la violencia en la aplicación de las leyes no produjeron el resultado esperado en cuanto a reducir la migración. De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Migración en la Frontera Norte (emif), las personas migrantes provenientes del sur y con destino a Estados Unidos aumentaron de 405 800 en 2001 a 841 000 en 2007 (Colef, 2013). Esto indica que el reforzamiento de las medidas de seguridad en las fronteras y las estrategias para desalentar la inmigración no los ha desanimado sino que los ha aventurado a cruzarla siguiendo rutas a través de zonas menos vigiladas, aunque mucho más peligrosas. Estas medidas también han derivado en el uso más frecuente de “coyotes” y “polleros”; el aumento del precio por sus servicios y del número de migrantes muertos en la región fronteriza, víctimas del engaño, de secuestros y de otros abusos cometidos en su contra por estos traficantes de personas. La realidad es que, a pesar de las duras políticas encaminadas a detener el ingreso de trabajadores indocumentados no se registró una disminución de flujos. De acuerdo con el Proyecto de Tendencias Hispanas del Centro Pew, para el año 2010 se registraron 11.2 millones de inmigrantes indocumentados viviendo en Estados Unidos. De éstos, seis millones son mexicanos, cifra que corresponde a 52% del total. Un dato que resulta significativo en estas estadísticas es que el 35% del total presentó una duración de residencia de quince años o más y solamente el 15% de cinco años o menos. La población con menos duración de residencia representa el menor porcentaje y corresponde a las fechas de la recesión de la economía norteamericana que provocó una disminución significativa en la oferta laboral, situación que resultó poco atractiva para los y las migrantes. Por otro lado, la mayoría de las deportaciones ejecutadas desde 2010 hasta la fecha impactó en el grupo de indocumentados con más de cinco años de residencia que habían logrado establecerse y formar una familia. La separación familiar es un doloroso escenario provocado por la deportación expedita en la que se presiona la firma de repatriación voluntaria para impedir el acceso al juicio legal. Influenciadas por la lucha contra el terrorismo, las políticas migratorias han ido cambiando su enfoque cada vez más para dar mayor importancia a la ejecución de la ley en detrimento de la protección (ichrp, 2010). Fotografía: Dodgerton Skillhause
RkJQdWJsaXNoZXIy MTY4MjU3