63 Si algo se puede concluir de esta apretada revisión es que resulta necesario profundizar en el conocimiento de la realidad en la que viven y trabajan defensoras y defensores de derechos humanos, especialmente, de quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos y de aquellos que tienen perfil comunitario para construir una perspectiva que considere los diferentes contextos en los que trabajan; caracterizados por malas condiciones sociales, inexistentes condiciones laborales, hostigamiento, descalificación, detenciones arbitrarias y amenazas directas (cepad, 2014). Además, como se ha señalado, se requiere la voluntad política de alto nivel y una política general sobre derechos humanos que obligue a los tres poderes de gobierno, en sus tres niveles, a generar condiciones óptimas para el trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos; así como a proteger su práctica y a investigar con celeridad en caso de alguna violación en su contra. La Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos en su informe El derecho a defender los derechos humanos en México: Informe sobre la situación de las personas defensoras, 2011-2013 (Red tdt, 2014) señaló dos casos en la zona en referido periodo, uno de despojo de tierra y otro en el que se señalan amenazas de muerte contra el Comité Salvemos Temacapulin, en Jalisco. Tradicionalmente se ha pensado que el Estado es quien viola los derechos humanos, lo cual se traduce en agresiones dirigidas directamente por actores estatales a defensoras y defensores; pero hay que señalar que existen otros actores a los que se deben enfrentar, como: empresas trasnacionales y delincuencia organizada (Oacnudh, 2013). Finalmente, es necesario apuntar que en junio del presente año, la diputada local Guadalupe Torres Rea, presentó para Guanajuato, la iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, sin que la haya consensuado con las organizaciones civiles o con la Academia, en lo que, seguramente, es una copia de la Ley Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de 2012, que tiene el propósito de mejorar la coordinación entre la federación y las entidades federativas y crear un Mecanismo de Protección, conformado por la Junta de Gobierno, el Consejo Consultivo, la Coordinación Ejecutiva Nacional y las Unidades Auxiliares. Este mecanismo federal no ha cumplido su propósito debido a la falta de voluntad política del gobierno federal y el desinterés de los gobiernos estatales. ¿Ese modelo se propone para Guanajuato? Ya hay estándares internacionales y mucha experiencia acumulada. Es necesario que ésta sea recuperada en un proceso de amplia participación social y comunitaria. Bibliografía Arzaluz, S. (2013). “La institucionalización de la participación ciudadana en municipios mexicanos: Notas a partir del Premio Gobierno y Gestión Local”. Gest. Política. Pública (online). Vol. 22, n.1, pp. 161-2012, ISSN 1405-1079. Becerra, L; Canto, M. y López, M. (2011). Las articulaciones y estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México, disponible en línea en: http://www.equipopueblo.org.mx/descargas/ reciente/Las%20Articulaciones%20y%20estrategias%20de%20las%20OSC.pdf CEDHJ, Recomendación 35/2009. Guadalajara, Jalisco, 31 de diciembre de 2009. Centro de Derechos Humanos Victoria Diez A.C. (cdhvd), Comunicación institucional dirigida a Lorena Cruz Sánchez, titular del Instituto Nacional de las Mujeres. Mimeo, 2014. Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (cepad) (2014, abril). Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2013. 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