14 primavera - Verano 2011 sobre temas como el acceso a la justicia; la explotación sexual, laboral y comercial de niños, niñas y adolescentes; la migración y sus vínculos con la trata y tráfico de personas; todas las formas de explotación; además de la concreción de experiencias valiosas que han generado modelos de prevención y atención a víctimas, especialmente mujeres, niños y niñas que viven en situaciones de trata, desde la ong Raíces en Chile, hasta los proyectos Samaritanas y Querubines en Nicaragua y Honduras, por citar algunos. En este Segundo Congreso escuchamos diversos enfoques conceptuales, resultado de investigaciones, experiencias sistematizadas y métodos de aproximación a los sujetos, en un escenario plural de posiciones políticas e ideológicas útiles para la construcción colectiva del conocimiento. Los resultados del Segundo Congreso La Universidad Iberoamericana Puebla, a través de la Dirección General del Medio Universitario y del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, tuvo el interés de abrir este espacio y tiempo de debate, reflexión y escucha, para interpelar por la búsqueda de los otros y otras, en el libre ejercicio e intercambio de las ideas que, junto a reglas mínimas, permitieron la participación activa y la adhesión autónoma a las diversas iniciativas planteadas en el terreno social, político, económico o ideológico; pues la Universidad como colectivo abierto a la construcción de nuevos horizontes de intercambio y conocimiento ha dispuesto espacios para que las organizaciones locales y regionales, civiles y sociales, de economía solidaria, de derechos humanos, de desarrollo, de migración y de género puedan exponer sus experiencias y retos a la comunidad universitaria, y a nuestros invitados e invitadas de los países hermanos de Latinoamérica. La riqueza y variedad de ideas, conceptos, experiencias y propuestas presentadas en torno a los ejes de migración, género y derechos humanos, nos alientan a seguir el camino hacia la construcción epistemológica del fenómeno de la trata de personas desde la complejidad; articulando múltiples miradas, particularmente de los sujetos, mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes que la padecen, y de aquellos sujetos colectivos que desarrollan acciones para su combate. Los estudios aquí presentados constituyen, por su variedad y riqueza, un acervo latinoamericano de conocimientos, teóricos o empíricos, generales o situados, con tesis y antítesis, pero sobre todo el camino de hipótesis que cuestionan. Las fuerzas del mercado neoliberal y globalizado han desestimado los problemas públicos para centrarse en la acumulación de capital en pocas manos y difundir la solución a problemas relacionados con la pobreza como actos de caridad y no de responsabilidad pública. Hoy más que nunca se requiere que los diferentes agentes del mercado se interesen por los problemas públicos como la trata y el tráfico de personas; así como los diversos actores sociales involucrados, directa o indirectamente, se vuelvan aliados en esta nueva responsabilidad para desincentivar un mercado ilícito e inmoral manejado por las redes del crimen organizado, pero en el cual se ven beneficiados como inversionistas de turismo, hoteleros, restauranteros, empresarios de seguridad (privada), taxistas y un sinnúmero de actores sociales. Pero es el Estado y sus instituciones, desde una perspectiva de derechos humanos, el agente encargado de velar por mejores condiciones de vida para la población; y así asegurar el cumplimiento paulatino del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y generar condiciones de desarrollo nacional y local que aseguren el derecho de las personas a no migrar. Y al mismo tiempo, desarrollar mecanismos de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos internacionales, para garantizar la seguridad de las personas que ejercen su derecho a la movilidad humana. La protección de los derechos, como ya se ha hecho mención, es una obligación del Estado, y es en la trata de personas, como dice la Declaración Final del Congreso, donde se presenta la violación de prácticamente todos los derechos humanos. El Estado, por comisión o por omisión, debe hacerse cargo de castigar a los responsables de cometer los delitos contenidos en la definición de trata, sean civiles o agentes de instituciones estatales. De igual forma, es imperativo que los Estados aseguren la restitución de derechos a las personas afectadas por este fenómeno. Fundamentalmente se constituyen como obligaciones del Estado proteger y dar atención a niños, niñas y mujeres que por la explotación sexual y laboral han sido resituados en albergues, refugios temporales, casas de acogida de sus propias familias; garantizando la no repetición, el debido proceso, la reparación del daño y la restitución de derechos para un proyecto de vida. Sin duda, esto requiere adoptar una perspectiva de género y generacional que reconozca las desventajas estructurales que viven niños y mujeres por su condición. Asumir esta perspectiva interpela sobre las políticas públicas y los modelos de atención, tanto a las instituciones del Estado como a las organizaciones de la sociedad civil, para respetar el interés superior de la infancia y los derechos de las mujeres. Por su parte, la academia no puede quedarse atrás en la participación de estrategias, estudios y teorías que propicien una construcción epistemológica de la trata de personas como un problema público. Es tarea de la investigación científica reconocer que los fenómenos sociales encaran problemas públicos inmersos en sistemas complejos. Por lo anterior, es tarea universitaria convertir esos problemas públicos en problemas de investigación en la complejidad. Los problemas complejos requieren de equipos disciplinaros e interdisciplinarios, y también de estrategias multidisciplinarias y transdisciplinarias inmersas en las dinámicas sociales, culturales, políticas, económicas, tecnológicas y científicas para su mejor entendimiento.
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