76 primavera - Verano 2011 Esta distinción es la que ha llevado a autores como la socióloga alemana Renate Mayntz a tener que referir este nuevo modo de gobierno como “gobernanza moderna”, tomando clara distancia del modelo jerárquico de gobierno en el que la autoridad pública se asumía como el único agente responsable en la conducción de la sociedad. La tradición anterior, propia de los Estados sociales, trajo consigo un crecimiento incontrolado del aparato gubernamental y, con ello, el incremento de su incapacidad para responder a las demandas sociales. Frente a la sobrecarga que caracterizó a una gran cantidad de gobiernos democráticos en la década de los setenta, se hizo evidente su adelgazamiento en línea con planteamientos del neoinstitucionalismo, el gerencialismo y las iniciativas posburocráticas para la reforma de la administración pública. Con el propósito de hacer eficiente al sector público se emprendieron, en diferentes latitudes, reformas orientadas al funcionamiento de este sector con criterios y técnicas del ámbito privado, agrupadas en la figura de la nueva gestión pública. Esta perspectiva derivó en el auge del liberalismo económico y en un progresivo debilitamiento del Estado arraigado en el ánimo de superar la crisis fiscal de los modelos de bienestar, adoptándose en los países desarrollados un conjunto de medidas correctivas para fortalecer la economía de libre mercado, entre ellas: la disciplina fiscal, la prioridad del gasto público, la liberalización de las tasas de interés, la liberalización de la inversión extranjera, la estabilidad macroeconómica, la desregulación y la privatización. Al ser los países desarrollados el epicentro de esta evolución institucional de la administración pública, el caso de América Latina es ilustrativo de realidades políticas que son producto de modelos burocráticos y gerenciales inconclusos, lo que confiere a las democracias de este continente rasgos estructurales anómalos y deficientes atribuidos a la entrada de las naciones latinoamericanas en el juego del libre mercado. La primacía del libre mercado, sin embargo, ha originado grandes y serios desequilibrios económicos y políticos en función de los principios que lo soportan, de ahí que la preocupación por lo público ocupe las agendas y los debates actuales alrededor del papel de los gobiernos, la responsabilidad ciudadana y la propia noción de Estado. En este marco es en el que se ha propuesto el enfoque de la gobernanza como un concepto bifronte que mira al pasado para marcar su deslinde con la ineficiencia de los Estados sociales, al mismo tiempo que observa al futuro con el empeño de proponer un nuevo estilo de gobierno que trascienda la acción gubernamental.4 El enfoque de la gobernanza, de acuerdo con Luis Aguilar, constituye un formato más productivo heurística y políticamente para las actuales condiciones de la economía y la política global, a diferencia del enfoque de la gobernabilidad que encierra un punto de vista gubernamentalista propio de los Estados sociales. Desde éste, la administración pública es animada por dos tendencias que dan lugar a una relación más estrecha entre gobierno y sociedad: Por un lado, el despertar de la sociedad civil reivindica la acción pública, tratando de incidir en la agenda de gobierno para la orientación del interés público Por el otro, la necesidad de asegurar su eficiencia reactiva su capacidad administrativa con base en métodos gerenciales de la nueva gestión pública. En la gobernanza, señala Mayntz,5 actores gubernamentales y no gubernamentales participan y cooperan en la formulación y ejecución de políticas públicas, dando pie a un mayor grado de cooperación e interacción entre actores públicos y privados al interior de redes decisionales. Según esta autora, la gobernanza puede llevarse a cabo de diferentes maneras: por medio de arreglos neocorporativos, que consisten en negociaciones institucionalizadas entre el gobierno, empresas y trabajadores organizados; mediante redes de políticas en las que el gobierno deja de ser el actor protagónico y se pretende llegar a un consenso que facilite la formación de una política; y a través de formas de autorregulación delegada, en las cuales actores corporativos privados pueden cumplir con ciertas funciones reguladoras que, siendo de interés público, les han sido asignadas. No obstante, acota Mayntz, estas prácticas sólo son posibles en países con condiciones estructurales e institucionales previas o promovidas por el mismo enfoque de la gobernanza, a saber: poder disperso en la sociedad; autoridades políticas fuertes, legítimas y competentes; sociedad civil diferenciada y organizada; actores corporativos privados que representen diferentes intereses funcionales, diferentes 4 Luis F. Aguilar (2008), Gobernanza y gestión pública. México, Fondo de Cultura Económica. 5 Renate Mayntz, (2001), “El Estado y la sociedad civil en la gobernanza moderna”, Reforma y Democracia núm. 21, Caracas, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo.
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