79 En este sentido, pese a la importancia de las redes como concreción de la gobernanza, no es de extrañar que éstas carezcan de legitimidad al no participar en ellas todos los actores involucrados con una política, o al colaborar en ellas actores que no necesariamente representan la voluntad ciudadana y el interés público. Dicho de otro modo, en las redes podrían intervenir, exclusivamente, los actores beneficiados de las mismas, corriéndose el riesgo de erigirse como instrumentos con escaso control democrático. En ocasiones extremas, diría Theodore Lowi,15 esta forma de gobierno podría desembocar en la apropiación del sector público por intereses privados. Por esta distorsión, las redes están lejos de ser consideradas instituciones formales en una acción pública atravesada por la gobernanza. Esto no significa que como herramientas sean insuficientes o ineficaces en la elaboración o implementación de las políticas, pero al estar en juego la legitimidad, es el gobierno la fuente principal de formalización de éste y otros mecanismos informales de toma de decisiones. En otras palabras, la función del aparato gubernamental en la gobernanza es legitimar acciones de otros actores, registrándose un salto abismal en el sector público de un gobierno de servicio a un gobierno que faculta.16 Al fin y al cabo, en este nuevo modo de ejercer la acción pública, el gobierno deja de ser actor protagónico, pero no deja de jugar un papel relevante. De hecho, reflexiona Guy Peters,17 para tener peso e influir efectivamente en la política real, las redes deben guardar cierta cercanía con la autoridad gubernamental, quedando vulnerada en algunos casos su autonomía por estos vínculos. De acuerdo con el mismo profesor Peters, otra posible desviación de las redes puede darse en sociedades en las que la participación ciudadana no es fuerte, ya que éstas dependen del nivel de actividad de los grupos sociales. En consecuencia, si ciertos individuos no están debidamente organizados, éstos no se verán representados en las redes, teniendo este mecanismo un marcado sesgo de clase en menoscabo de todos los sectores de la población que adolecen de recursos para la organización. La relación entre gobernanza y sociedad civil, por lo tanto, es directa. En la medida en que la segunda sea mayor, la primera puede tener mejores efectos ulteriores en términos de conducción de la sociedad, primacía del interés público y legitimidad; en cambio, si la segunda se encuentra disminuida, los resultados pueden ser contraproducentes. 15 Cfr. Guy Peters, (2005), “Gobernanza y burocracia pública: ¿nuevas formas de democracia o nuevas formas de control?” Foro Internacional, vol. xlv, núm. 4. México, D.F., El Colegio de México. 16 Guy Peters,(2007), “Globalización, gobernanza y Estado: algunas proposiciones acerca del proceso de gobernar”, Reforma y Democracia, núm. 39, Caracas, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. 17 Peters. (2005), op. cit. Sin lugar a dudas, la realidad social y política en los diferentes niveles de gobierno ha obligado a disponer de mejores marcos analíticos para interpretar las nuevas relaciones entre gobierno y sociedad, los cuales albergan dinámicas de interacción cada vez más complejas e interdependientes en lo que a recursos se refiere. La acción pública no puede intuirse más como responsabilidad exclusiva del aparato gubernamental que, ciertamente, configura una parte medular de la idea de Estado, pero no lo agota. Bajo este paraguas es que la gobernanza se asoma como un nuevo y eficaz estilo de gobierno que corresponsabiliza a actores gubernamentales y no gubernamentales en la conducción de una sociedad sin perder ni unos ni otros sus particularidades, es decir, si bien el gobierno deja de tener un papel protagónico en esta tarea, sigue siendo el que coordina esta nueva forma de dirección, mientras que la sociedad civil asume una responsabilidad mayor en la vida pública sin comprometer su naturaleza privada. No obstante y como se destacó en la primera parte, al deslindarse del modelo jerárquico tradicional la gobernanza supone la existencia de una sociedad civil fuerte y diversificada, poniendo el énfasis en un esquema de coordinación e interacción de múltiples actores, e introduciendo patrones de interdependencia, descentralización, cooperación y asociación de recursos para la provisión de servicios, la solución de problemas y la puesta en marcha de políticas. En México, desafortunadamente, el desarrollo de la sociedad civil es incipiente, de ahí que amplios sectores de la población carezcan de representación en sus organizaciones. De manera inevitable, esta realidad impacta para la operatividad democrática y legítima del mecanismo de redes, siendo privativo de aquellos ámbitos en los que la participación ciudadana es real y genera capital social. A pesar de lo anterior y de escenarios sociales poco favorables en el país para la concreción de la gobernanza, como son la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, la implementación de carices propios del enfoque de la gobernanza es una condición de posibilidad para su surgimiento. Finalmente, subraya Francisco Valdés, se trata de culminar procesos de construcción institucional sobre modelos que no son de pizarrón.18 La gobernanza, y su realización en el mecanismo de redes, ofrece beneficios importantes en el sector público, no sólo por su apertura a la sociedad civil sino también porque reduce, a la par, la carga administrativa que suele soportar este sector con estrategias de corresponsabilidad y aprovechamiento de los recursos en posesión de actores no gubernamentales. En este espíritu y advertidas sus 18 Francisco Valdés Ugalde, (2008). “Gobernanza e instituciones. Propuestas para una agenda de investigación”, Perfiles Latinoamericanos núm. 31, México, D.F., Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. A modo de conclusión
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