28 Otoño - Invierno 2011 En México, ese lugar lo ocupan los hogares cuyos jefes son indígenas. En ese sentido, la mayor parte de los jefes de hogar indígenas están ubicados en el 47% de los hogares más pobres del país: con menores niveles de escolaridad, menor acceso a los servicios de salud y viviendas sin servicios, entre otros; este factor explica 5.5% de las heterogeneidades en las condiciones de vida. Todas estas situaciones originaron riesgos sociales: “toda situación o acontecimiento que compromete la capacidad de grupos y personas para asegurar una vida autosustentada en sociedad”.7 Ante esto, el trabajo del Observatorio se orientó en un apartado de cada caso nacional a considerar tanto la dimensión económica de los riesgos sociales –que no eran alcanzables del todo mediante los datos de las encuestas de hogares– como la caracterización general de las políticas sociales en función de si su diseño, cobertura, objetivos, estrategias, etc., estaban centrados en identificar y actuar en un sentido más amplio que sólo el combate focalizado a la pobreza, sino más bien en un sentido integral de identificación de los factores que producen las heterogeneidades sociales. Esto, con el fin de considerar el marco más general, pero también el más integral, para analizar su funcionamiento y sus logros. En general, los resultados derivados de este accionar en política social no han sido alentadores, pues si bien eventualmente puede observarse una leve disminución en las condiciones de pobreza de algunos estratos sociales, con el devenir de nuevas condiciones de crisis, el avance se convierte en franco retroceso. Ya hemos visto, incluso, que en el caso de México esta política ni siquiera ha permitido conservar la posición internacional que el país registraba hasta hace algunos años, ahondando las desigualdades sociales, las heterogeneilas menos calificadas), y en la inequidad en el acceso a oportunidades de acumulación de capital humano del Estado, que se intensifica cuando se suma su condición de ser mujeres cabeza de familia, desplazadas, y en su participación en actividades socioeconómicas en condiciones precarias de las zonas rurales”. 7 Véase el caso nacional de México. dades en las condiciones de vida y la exacerbación de riesgos sociales que han colocado al país en una situación de inestabilidad resultado del accionar de los grupos de narcotraficantes que se han beneficiado de la descomposición social en las zonas de mayor marginación.8 Por otro lado, están los casos de Ecuador y Venezuela que, además de conservar en política social las directrices establecidas por la política económica de liberalización comercial, emprendieron otras acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable. En Ecuador, con “la ejecución de estas políticas se esperan importantes progresos en materia de equidad social; aunque después de tres años los resultados están aún por reflejarse”. Por su parte, en Venezuela la política social ha adoptado a las misiones como su medio de ejecución; algunas misiones, “lo que hicieron fue identificar los déficit de algunas funciones públicas y, en lugar de emprender reformas burocráticas costosas económica y políticamente, pusieron en marcha operativos masivos para la prestación de estas funciones”; aunque éstas aparecen directamente vinculadas a la Presidencia del país.9 Brasil, por su parte, ha incrementado significativamente su gasto social con las repercusiones presupuestales y fiscales correspondientes. A manera de conclusión Tomando como base los diferentes casos nacionales y sus peculiaridades, no podemos dejar de subrayar que en 8 En el caso de México, la política de focalización de combate a la pobreza, que tiene como principal programa el denominado Oportunidades, antes Progresa, ha recibido numerosas evaluaciones realizadas por organismos nacionales e internacionales, así como instancias académicas, que reconocen avances en indicadores como talla o estatura de los niños y asistencia escolar, entre otras. Este Observatorio, sin embargo, no consideró para la revisión de literatura de su Caso Nacional, las evaluaciones sobre un indicador, sino aquéllas que buscaban la evaluación de una política social como respuesta a los riesgos sociales derivados de las condiciones heterogéneas de vida de los hogares. 9 Véanse respectivamente los informes de los casos nacionales de Venezuela y Ecuador. América Latina las condiciones de deterioro económico y vulnerabilidad están fuertemente asociadas con procesos de precarización del empleo, y con la necesidad de incrementar los años de escolaridad en la población, la calidad de la educación y la seguridad social que ahora se ofrecen. Con todo, este binomio no servirá de mucho mientras no se precisen políticas adecuadas para que mayor y mejor escolaridad encuentren una ventana de oportunidad en la estructura de empleo de cada uno de nuestros países. En estos países, un elemento persistente ha sido la vinculación de otros servicios –como salud, vivienda y pensiones, entre otros– con las condiciones de empleo que básicamente dependían de la política económica impulsada por el Estado. De esta manera, las carencias se agudizan en la medida en que la estructura y las oportunidades de empleo se restringen y precarizan. A la par, la dotación de servicios públicos e infraestructura y los incentivos necesarios para promover inversiones –que corren por cuenta del Estado– podrían consolidar o potenciar las oportunidades de las sociedades nacionales y particularmente de ciertas regiones al interior de cada país; sin embargo, el análisis de los diversos casos nacionales pone en evidencia las enormes desigualdades regionales que existen al interior de nuestros países. Los estudios de Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Venezuela, entre otros, presentan de manera muy clara estas asimetrías regionales, así como las ventajas que tienen los grandes conglomerados urbanos frente a las poblaciones más distantes o regiones con predominio de población rural o indígena y condiciones orográficas más accidentadas. Las diferencias de etnia, género y edad son elementos apenas explorados en algunos de los estudios, pero abren una importante veta para profundizar tanto en la estructura de riesgos de los distintos países, como en el análisis de las políticas específicas que los gobiernos han establecido para la atención focalizada de estos segmentos de población con altos índices de vulnerabilidad o rezago.
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