77 El gasto público social en Latinoamérica. Tendencias generales y prociclidad El esfuerzo que han emprendido los países de la región en los últimos 20 años para incrementar los recursos de inversión en la política social ha sido muy grande. El aumento ha sido importante no sólo en términos absolutos sino relativos. El crecimiento económico y la mayor captación de ingresos fiscales y divisas explican la tendencia a aumentar el gasto social como porcentaje del gasto gubernamental. La crisis financiera de 2008 no frenó estos esfuerzos. Salvo unos cuantos países –México, por ejemplo– la mayoría emprendió políticas anticíclicas que permitieron mantener los niveles de empleo y reiniciar en 2010 la recuperación del gasto social. Los renglones que más atención reciben en términos de recursos públicos han sido la seguridad, la atención social, la educación y la salud. Las transferencias han tendido a canalizarse más a los sectores que tienden a consumir más de lo que producen o generan servicios: los niños, los jóvenes y los adultos mayores. Llama la atención, sin embargo, el bajo nivel de consumo de niños y jóvenes en la región y la baja inversión pública en su beneficio. De hecho, el gasto público en adultos mayores es similar en términos relativos al de países europeos, Japón y Estados Unidos; pero sólo la mitad en cuanto a niños y jóvenes. Estos bajos flujos públicos se compensan, en parte, con mayores transferencias familiares. Se requiere, por consiguiente, una participación mucho más activa de los gobiernos de América Latina –en coordinación con los sectores empresariales, sindicatos, universidades y las organizaciones de la sociedad civil– para el desarrollo de las capacidades, la prevención social y la protección frente a riesgos de los niños y jóvenes y para superar el círculo vicioso de la pobreza y la desigualad y la exclusión. Esto implica la incorporación de elementos contracíclicos a la política macroeconómica y a los presupuestos económicos y sociales, que hagan posible crear sistemas de apoyo, inserción y mantenimiento de jóvenes en la educación formal, las empresas, los programas de capacitación y readiestramiento para el trabajo y el autoempleo productivo. Consideraciones finales Los planteamientos recientes de la cepal y el pnud, así como de los organismos financieros internacionales después de la crisis internacional de 2008-2009 son novedosos y pertinentes para la planeación estratégica de mediano plazo de la región, en la medida que van más allá de las tradicionales brechas entre estratos socioeconómicos y examinan, a partir de las cuentas nacionales de transferencias, las brechas intergeneracionales y en el tránsito intergeneracional. Nos destacan, en resumen, que la alta concentración de la pobreza en las primeras etapas de vida, el bajo nivel de transferencias hacia la infancia y la juventud y la segmentación de logros y aprendizajes educativos explican, en parte, la terquedad de la desigualdad en la región. Nos dicen también que urge realizar reformas institucionales y fiscales que aumenten los recursos públicos y los canalicen mejor y con mayor transparencia y rendición de cuentas en beneficio de las grandes mayorías, a partir de una mueva visión intergeneracional, de largo plazo, dándole atención particular a la reversión del círculo vicioso de la pobreza multidimensional, al acceso y a la calidad de la educación y a la superación de los retos sociales en el marco de una globalización muy desigual. Las instituciones de educación superior, públicas y privadas, de América Latina, tienen un papel clave a desempeñar en los próximos años a través de sus programas de docencia, investigación y vinculación con los mercados de trabajo. Las universidades jesuitas, en lo particular, pueden y deben desempeñar ese papel, agregando una formación ética y de solidaridad social a través de sus programas de integración de la vida estudiantil con las acciones sociales, especialmente en áreas prioritarias como la promoción de los derechos humanos, el combate a la pobreza, la inequidad y la exclusión; la atención a la diversidad cultural e indígena; y el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente.
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