99 papel del Estado de su responsabilidad social hacia la mayoría de la población, lo que ha repercutido en el deterioro de la calidad de vida urbana y, finalmente, del deseo de integración, pero sobre todo, de producción de sí mismos, como sujetos amenazados material y/o simbólicamente con la exclusión de la ciudad. Una cuestión que es compartida lo mismo por los habitantes de las periferias que del centro de la ciudad. Por este deseo de integración, individual y colectivo, defensivo y propositivo a la vez, la precariedad urbana se resuelve y expresa en una suerte de constitución de comunidades organizadas, donde prevalecen, conflictivamente, principios de colectividad, lógicas de soporte mutuo, entre los que destacan la limitación de la diferenciación e individualización, al tiempo que la existencia de mecanismos para solucionar el disenso y enfatizar el sentido de cooperación necesario para la sobrevivencia del grupo, en la que juega un papel central la acumulación de fuerzas para la negociación con el Estado y con los propietarios del suelo. En esta construcción social radica, en gran medida, el éxito relativo de las organizaciones corporativas que promueven las urbanizaciones populares informales. sino las diversas prácticas empresariales y estatales para negar derechos laborales consagrados por la Ley (entre ellos, el de la vivienda) a los trabajadores de las organizaciones económicas formales. Es con base en la conformación de colectividades que aspiran, aun temporalmente, a la fuerza de la comunidad, que “los pobres” se integran socialmente a una ciudad que al tiempo de negarlos y temerles, ensalza las manifestaciones identitarias que manifiestan los sectores de la élite. La sociabilidad primaria que estas organizaciones promueven, más allá de la evaluación ética y política de su desempeño, es un freno a la desafiliación y condición de cobertura contra el riesgo social en el caso de los sectores populares y, una condición de hegemonía ideológica y económica de la élite en la orientación del proyecto urbano. Por esto, la situación de precariedad urbana que se manifiesta en los asentamientos informales de carácter popular, no está asociada tanto con la situación legal de la tenencia del suelo, sino con la relación de fuerza que pueden lograr en la manifestación contestataria o en la negociación con el gobierno municipal o estatal, lo que significa enfrentar continuamente la disposición oficial de canalizar protección legal, legitimaciones simbólicas y los escasos recursos públicos a hacer prevalecer los intereses especulativos y a cualificar los espacios de las élites económicas, en un programa de ensanchamiento de las desigualdades socioespaciales, cuyas formas se actualizan en cada intervención pública y privada. Pero también la integración social se manifiesta en la prevalencia de viejos modos de organización socioespacial que desafían el orden constituido. Es el caso de las rutas rituales de la festividad patronal de colonias y barrios, en la ocupación estacional de calles y plazas, a través de las cuáles se recupera el espacio público para la informalidad celebratoria que recuerda la fuerza de la religiosidad como ámbito de integración. Es el caso también de los circuitos de intercambio que propone el heterogéneo universo de tianguis itinerantes y del comercio ambulante-establecido, al intervenir y apropiarse de camellones, aceras y calles enteras.13 O también, el espacio comunicativo del grafiti, que impone nuevos códigos de lectura de los territorios urbanos. Evidentemente, estas y otras formas de apropiación del espacio desafían la asignación formal de las funciones socioespaciales e implican, de algún modo, recuperaciones informales y temporales del espacio urbano para quienes no tienen permiso y, de ese modo, sugieren su recreación. En todos los casos, su manifestación cotidiana es la denuncia al fracaso de la gestión estatal en materia de desarrollo y, al mismo tiempo, la ostentación de que el modelo de acumulación goza de cabal salud. 13 Sólo en la zona del Centro histórico, en la década de los ochenta se calculaba en poco más de 10 000 las personas dedicadas al comercio ambulante (@ consulta, 11 de noviembre de 2008). Para el año 2010 su número se calculó en 20 000, agrupados en alrededor de 20 organizaciones civiles. “La integración social se manifiesta en la prevalencia de viejos modos de organización socioespacial que desafían el orden constituido.”
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