69 base estaba la aceleración del conocimiento científicotecnológico, una progresiva globalización de los mercados y las comunicaciones, y una fe generalizada en el libre mercado instituida desde los años ochenta. En Latinoamérica, el inicio de la década de los ochenta estuvo marcado por la crisis de la deuda, que coincidió con esta reorientación de la política y la economía, el nuevo patrón de globalización y el predominio del proyecto de sociedad basado en los mecanismos de mercado autorregulado y el mayor protagonismo de los agentes privados. Coincidió con el sesgo hacia la desregulación de los intercambios globales tanto financieros como comerciales y la deslocalización productiva en función del costo de los factores. En este marco se impulsaron en la región, entre otras, dos tipos de medidas: unas tendientes a promover la estabilidad a través de políticas públicas de ajuste y otras que apuntaban a reducir el tamaño del Estado y su grado de intervención en la economía. Hoy nuestros Estados enfrentan un gran déficit de políticas activas de promoción del desarrollo, regulación económica, garantía del bienestar y provisión de bienes públicos y búsqueda de la equidad y la inclusión social. Está surgiendo un consenso creciente respecto a la necesidad de recuperación del rol fundamental que cabe al Estado y las limitaciones de los mercados para estas tareas. La actual crisis financiera, considerada la más profunda desde la Gran Depresión, marca el cierre de un ciclo de crecimiento y bonanza e impulsa una nueva manera de pensar el desarrollo. La crisis que estalló en 2008 no sólo ha tenido un impacto económico significativo en el corto plazo, sino que además ha generado un profundo debate sobre el devenir de la lógica de acumulación económica, las reglas de funcionamiento del sistema económico mundial, el papel de las políticas públicas y el Estado en la dinámica económica y social, y el rol de la sociedad civil organizada y empoderada a través de la digitalización y las redes sociales. En síntesis, la ecuación entre mercado, Estado y sociedad prevaleciente desde hace tres décadas se ha mostrado incapaz de responder a los desafíos globales de hoy y de mañana. El reto es: encontrar una nueva ecuación paradigmática de cara al futuro. ¿Por qué hacemos nuestro el valor de la igualdad en la actual inflexión histórica? Porque creemos interpretar un reclamo largamente sostenido y postergado en las sociedades latinoamericanas y caribeñas. En efecto, la desigualdad recorre cinco siglos de discriminación racial, étnica y de género, con ciudadanos de primera y segunda categoría y la peor distribución del ingreso del mundo. La igualdad de derechos brinda el marco normativo y sirve de base a pactos sociales que se traducen en más oportunidades para quienes menos tienen. Un orden democrático en que la orientación del desarrollo plasme la voluntad de la mayoría y haga posible la concurrencia de todos los actores también responde al valor de la igualdad. Igualdad social y dinamismo económico no están reñidos entre sí y el gran desafío es encontrar las sinergias entre ambos. Lo que proponen ahora los organismos de la onu –como el pnud y la cepal e, incluso, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial– va en esta dirección: hay que crecer distribuyendo el ingreso y distribuir para fortalecer los mercados internos y crecer. En el horizonte estratégico del largo plazo, igualdad, crecimiento económico y sostenibilidad ambiental tienen que ir de la mano. En el ámbito político el Estado juega un rol protagónico al cual no puede renunciar. Se trata de velar por más democracia y más igualdad, dos caras de la moneda de la política. Respecto de la democracia, el Estado debe procurar mejorar la calidad de la política en sus procedimientos, promover agendas estratégicas que reflejen la deliberación de un amplio espectro de actores y velar para que la voluntad popular se traduzca en pactos que provean legitimidad política y garanticen políticas en el mediano y largo plazo. En materia de igualdad el Estado debe ocuparse de incrementar la participación de los sectores excluidos y vulnerables en los beneficios del crecimiento. El ejercicio pleno de los derechos y de una voz pública constituye el vínculo entre la política y la igualdad social. Es preciso contar con políticas de Estado que concurran a dinamizar el crecimiento, promover la productividad, fomentar una mayor articulación territorial, impulsar mejores condiciones de empleo y de institucionalidad laboral y proveer bienes públicos y protección social con clara vocación universalista y redistributiva. El tema del cambio climático, sin duda, será cada vez más prominente en la agenda internacional e impondrá crecientes responsabilidades a los países. Esta agenda implica modificaciones en las formas de producir y de consumir, de generar y usar energía, con lo cual la huella de carbono resulta una variable principal en la competitividad de los países. Supone también una dimensión ética, de solidaridad intergeneracional, debido a las amenazas que se ciernen sobre el planeta si no se toman hoy las medidas apropiadas. La visión de la ONU y la CEPAL y los desafíos del mediano y largo plazo El desarrollo enfrenta hoy, según la cepal (La Hora de la Igualdad, 2010) desafíos e inflexiones que emergen del fragor de la coyuntura de la crisis. Esta situación sorprende a la región en un escenario de integración que también plantea nuevos elementos. Actualmente existe una mayor madurez para reconocer que no hay modelos y recetas únicas que se apliquen a todos los países por igual. La diversidad ha ganado espacio en cuanto a la manera de enfrentar los problemas y lo que nos une es, ante todo, el valor de la democracia y el deseo de reinventar espacios propios de convergencia en el ámbito político.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTY4MjU3