59 IV. Programas y acciones en el corto plazo 1. Legislación La legislación para el sector social de la economía sigue siendo insuficiente. La Ley de Economía Social y Solidaria, así como su Reforma del año 2013, han dejado de un lado aspectos fundamentales. Es imprescindible distinguir las empresas o entidades económicas, de los organismos de representación del sector, ya sean de primero, segundo o cualquier nivel de integración. Por otro lado, es necesaria la participación de representantes del sector social en las instancias públicas con políticas o programas hacia el sector; de manera especial, en la junta de gobierno del nuevo Instituto Nacional de Economía Social (inaes). Y solamente por mencionar un tercer elemento que sigue siendo ignorado, me refiero a la necesidad de legislar sobre las figuras jurídicas que se requieren como vehículos para permitir el avance de las empresas del sector de manera más definida, transparente y ágil. No contar con los vehículos legales adecuados será un obstáculo para el desarrollo de las empresas del sector social. En materia fiscal, considero que debe haber estímulos a los actos que identifican a las empresas del sector social y no a las figuras. Explico brevemente: el estímulo fiscal debe ir a la generación de riqueza y empleos para gente en pobreza, a la distribución del ingreso, a la reinversión de utilidades en empresas productivas, así como a la inversión para el desarrollo sustentable de las regiones de bajos ingresos, o al empleo de jóvenes y personas con capacidades diferentes. 2. Fondos de fomento Puede implementarse rápidamente un sistema de fondos que impulse al sector social de la economía. A continuación detallo algunos rasgos que deben tener estos fondos o programas: »» Fomento del sector y desarrollo nacional incluyente. Incrementa ingreso permanente y favorece igualdad en población-objetivo »» Construcción de vehículos ágiles y adecuados a la dinámica de las empresas del sector social »» Permanencia en largo plazo »» Gestión con transparencia garantizada. El origen, análisis, evaluación y dictaminación de los proyectos presentados por las empresas del sector social deberán ser analizados involucrando especialistas externos y con un trabajo interinstitucional. »» Seguimiento a los procesos que aporten valor agregado a las empresas, no solamente enfocarse al ejercicio del gasto público »» Fortalecimiento de una base social amplia, económicamente productiva y autónoma »» Integración de cadenas productivas y generación de valor agregado, seleccionando actividades económicas estratégicas y de alto impacto »» Potencializar (multiplicar) el uso de recursos financieros. Facilita el levantamiento de capitales nacionales o internacionales »» Apoyos otorgados a las empresas con alto impacto en el desarrollo, con carácter de recuperables y no de subsidio a fondo perdido. Los fondos de gobierno destinados al sector social productivo deberían ser, como mínimo, de $10 mil millones. Existe una diferencia abismal con aquellos que se destinan a los fondos o programas asistenciales, de transferencias o paliativos de beneficios temporales. 3. Instituciones de participación ciudadana La discusión de la Ley para la creación del Consejo Económico y Social Mexicano (ces) ha sido larga y en muchas ocasiones se ha distorsionado su objetivo. La participación ciudadana en el inaes fue acotada y la Ley de Desarrollo Social debería revisarse para mejorar la participación ciudadana, entre otras alternativas en las que habrá que avanzar. Lo real es que seguimos requiriendo de instancias oficiales que permitan una participación autónoma de representantes de las organizaciones sociales, con un rango mínimo de consulta obligatoria. 4. Internacional Las políticas de gobierno deben considerar el gran desarrollo internacional que ha tenido la economía social y solidaria, así como los temas relacionados con el impacto social o el desarrollo. La economía social y solidaria ha ganado un gran reconocimiento en el mundo, de manera especial me refiero ahora a los casos de América Latina y Europa. En muchos países representa hasta el 14% del empleo y alrededor del 10% del pib. Diversos organismos se han pronunciado por su reconocimiento y fomento. En nuestra perspectiva, el gobierno mexicano podría impulsar las negociaciones para atraer capitales de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (bid), el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina, así como de otros bancos bilaterales, como el Banco de Desarrollo de América del Norte o de los Fondos de Desarrollo de diversos países. También puede crear las condiciones en el país, para la llegada de fondos privados de impacto social, que mantienen un crecimiento significativo a nivel mundial.
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