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f o r m a n d o e l
m o s a i c o
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los derechos humanos y que regula el uso
legítimo de la fuerza por parte de los ele-
mentos de las Instituciones policiales del
estado estipula:
“Queda prohibido el uso de armas de
fuego para la dispersión de manifestacio-
nes; sin embargo, se contemplará su uso
(…) para repeler agresiones (…), para pre-
servar la vida o para evitar afectaciones a
la integridad física graves de los elementos
policiales o de terceros”.
La iniciativa incluye un párrafo que de-
lega en los policías la responsabilidad de
adoptar las medidas necesarias para evitar
que el accionamiento de las armas de fue-
go ponga en riesgo a personas distintas
al agresor.
De acuerdo con el artículo 2, se con-
siderará agresor a toda persona que re-
presente un riesgo por su conducta en los
bienes jurídicamente protegidos de otros
individuos, los agentes policiales, la colec-
tividad y del propio Estado.
Cuando la ley se publique en el Perió-
dico Oficial del estado y entre en vigor, las
manifestaciones en Puebla se clasificarán
en lícitas, ilícitas no violentas y violentas para
efectos de control y dispersión, aunque no
especifica las características de cada una.
El uso de la fuerza pública se detalla
en el capítulo 8. En el caso de las mani-
festaciones ilícitas no violentas, se indica
que los uniformados evitarán el uso de la
fuerza durante la dispersión, pero cuando
ello no sea posible, se limitará el uso de la
fuerza al mínimo necesario.
Cuando se dispersen manifestacio-
nes violentas que afecten bienes jurídica-
mente tutelados, los agentes aplicarán la
fuerza en forma gradual en las siguientes
etapas: primero, mediante la persuasión o
disuasión verbal; luego, con sometimien-
to físico, uso de armas incapacitantes no
letales y por último armas de fuego o de
fuerza letal.
No estamos dando licencia para ma-
tar. Se busca proteger a los manifestantes
de hechos de violencia, aseguró el pre-
sidente de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política, el priísta Víctor Manuel
Giorgana Jiménez.
El coordinador de la bancada del PT,
Mariano Hernández Reyes, aseguró que el
uso de armas letales contra manifestantes
forma parte de una política federal de re-
presión contra las protestas.
La organización Nodo de Derechos
Humanos advirtió que la ley viola los artí-
culos 1, 9, 14 y 16 de la Constitución, así
como el 3, 5, 8, 9, 11 y 20 de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos.
Ante esta terrorífica iniciativa yo me
pregunto ¿Acaso somos seres irraciona-
les? ¿Acaso la naturaleza no fue lo sufi-
cientemente sabia como para proveernos
de raciocinio y lenguaje para poder comu-
nicarnos y dialogar?
Estoy completamente segura que si
nuestros gobernantes tuvieran la apertura
y la disposición de escuchar, de negociar y
de llegar a acuerdos que convengan tanto
a la parte manifestante como a ellos mis-
mos; la opresión, la censura, la desapari-
ción inesperada de dirigentes y la muerte
de inocentes no serían temas de las pri-
meras planas de los periódicos, simple-
mente, no existirían…
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 2, SE
CONSIDERARÁ AGRESOR A TODA PER-
SONA QUE REPRESENTE UN RIESGO POR
SU CONDUCTA EN LOS BIENES JURÍDI-
CAMENTE PROTEGIDOS DE OTROS INDI-
VIDUOS, LOS AGENTES POLICIALES, LA
COLECTIVIDAD Y DEL PROPIO ESTADO
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