48 Otoño - Invierno 2013 cuatro niveles: los organismos singulares se integran en organismos de 2º nivel, los que a su vez son agrupados en organismos de 3º y, finalmente, éstos delegan la representación en un 4º nivel de dirección nacional. Creaba un Congreso representativo de las organizaciones sociales cuyos delegados eran seleccionados de manera piramidal en cinco asambleas regionales, predeterminadas por el ines. La misión del Congreso era elegir un Consejo restringido de 15 miembros, a su vez representado por un comité ejecutivo finalmente dirigido por un jefe, en quien recae el mando de toda esa estructura. En suma, la less pretendía crear una central única de organismos de la economía social y solidaria. Paralelo al Consejo, el Congreso elegiría a seis representantes ante el Consejo Consultivo del ines, una minoría impotente frente a una mayoría de 10 funcionarios representantes de distintas Secretarías del gobierno federal. La representación social carece de capacidad para hacer valer las decisiones de sus representados. Al separar la instancia directiva de los organismos sociales de los representantes ante el ines, facilitaba dispersar el posible mandato de sus representados. El ines se atribuye facultades de control sobre toda actividad de los organismos, tengan o no relación con los apoyos que proporciona, les dicta lo que deben hacer y les impone unilateralmente sanciones. Nuevamente, no deja ningún resquicio de autonomía. Los organismos sociales se reducen al papel de meros ejecutantes de políticas de la Secretaría de Economía a través del Instituto, fija los ámbitos de actividad económica y puede fijarles los límites a su desarrollo. Da por hecho que la actividad económica debe producir ganancias (excedentes), como si fueran empresas privadas, pero dicta qué hacer con ellas, los obligaba a dedicarlas a más de cinco fondos, además de otros especificados en otras leyes, los cuales obviamente serían bancarizados. Además, los obligaba a dedicar parte de los excedentes al beneficio social, con la intención de hacerlos asumir deberes del Estado. El Instituto dispone de recursos que no son suyos sino de los participantes en los organismos. La less deliberadamente ignora a los colectivos ocupados en la subsistencia y a la elevación de las condiciones de vida. La actividad de los “organismos del sector” queda sobreregulada: además de sujetarlos a la less, añade una serie de leyes específicas que regulan a las cooperativas, sociedades de ahorro y crédito, leyes agrarias, ley del trabajo, etcétera. Regulación sobre regulación porque esas otras leyes fijan criterios de registro y operación. Todo el funcionamiento depende de atribuciones de la autoridad mediante un Reglamento interno, además de reglamentaciones adicionales. Toda esa renuncia y sometimiento ¿a cambio de qué? La Ley habla de prerrogativas, apoyos y estímulos, pero todo se reduce a los créditos que el ines otorga discrecionalmente, de un fondo financiero creado por el gobierno federal. Dicho fondo cuenta realmente con recursos ínfimos, si se los compara con las enormes transferencias de recursos públicos a las grandes empresas capitalistas. La verdadera función gira en torno a los créditos que la autoridad del ines asigna unilateral y discrecionalmente, es de esperar que será discriminatorio: serán excluidos todos los organismos no registrados, también quienes desacaten las órdenes y sanciones impuestas por la autoridad, y no escaparán quienes ejerzan su libertad política, los colectivos efectivamente autónomos. Es previsible la preferencia por los leales al pri y el desvío de recursos hacia los negocios de los propios funcionarios y hacia empresarios favorecidos. La discrecionalidad en la asignación de créditos se presta a la cooptación de dirigentes. En ninguna parte aparece como criterio de asignación el no condicionamiento. Lo referente a la asesoría operativa y capacitación debemos entenderlo como disciplina a una concepción empresarial, a la que se hace referencia de manera reiterada. Diversas organizaciones cooperativistas y asociativas se reunieron a discutir el texto de 2012 y expresaron cierto recelo sobre la pérdida de autonomía. De sus puntos de vista surgió la impresión de que se aceptaba como algo deseable, pero objetaban al menos tres cuestiones: el control de las finanzas de los organismos, la intromisión en la vida de las organizaciones y la falta de participación del sector social en la toma de decisiones. Probablemente el gobierno pretende comprometer a cierto número de organizaciones en sus proyectos a cambio de concederles el estatus de interlocutoras privilegiadas entre el Instituto (ines) y las organizaciones ciudadanas; ese papel intermediario sugiere otra hipótesis, hacerlas beneficiarias preferentes de los recursos destinados al sector; en compensación, tales organizaciones crecerían en membresía al convertirse en canales exclusivos para la incorporación de los grupos de base y reforzarían su papel directivo nacional (de 4º nivel). En suma, una burocracia corporativa concentradora de la representación del conjunto del sector. Las organizaciones y grupos de base tienen que reflexionar sobre el riesgo de ser instrumentalizados por políticas de control social y económico, y de quedar a merced del gobierno, ya sea a cargo de la Secretaría de Economía o de Sedesol; en un caso a merced del mundo empresarial, y en el otro del control político. No menos importante es el riesgo de ser obligadas a asumir un papel disciplinario sobre el conflicto que necesariamente se produce con la economía de mercado. Implica la pérdida de derechos políticos, entre ellos la libertad de pensamiento, a cuenta de una aparente neutralidad ante partidos y elecciones.
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