16 Otoño 2012 8) proteger a los periodistas, 9) solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios, y 10) no interferir en el combate a la delincuencia organizada. Los criterios son sensatos y con dificultad podrían permanecer al margen de un código de ética o de un manual de periodismo puesto al día frente a un contexto adverso para la libertad de expresión y el derecho a la información como el mexicano. No obstante, amén de sus promotores, su descripción suscitó serias críticas. Prontamente, el acuerdo fue asumido como un empeño de uniformar la cobertura periodística de la violencia a escasos días de que el presidente de la República se reuniera con directivos de los medios de comunicación. Las reacciones El Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia tuvo un amplio apoyo de estaciones de radio, periódicos y revistas, y fue respaldado, además, por decenas de adherentes en lo individual y más de 50 organizaciones e instituciones de la sociedad civil. Sin embargo, entre los medios que no lo firmaron figuraron los periódicos Reforma y La Jornada, el semanario Proceso y la estación de radio mvs. Naturalmente, de estas empresas informativas surgieron los principales análisis y reflexiones en contra del acuerdo. El periodista y colaborador en Reforma y Proceso, Miguel Ángel Granados Chapa, fue uno de los críticos más incisivos al sostener que bajo las pautas de conducta periodística disfrazadas de autorregulación ética había un proyecto excluyente, “diseñado para marginar a la prensa sospechosa de, conforme al primer criterio editorial, no ‘tomar postura en contra’, de no ‘condenar y rechazar la violencia motivada por la delincuencia organizada’, como si fuera necesario hacerlo explícito” (Reforma, 27/03/11). La agudeza no acabó ahí. En la revista de contenido político con mayor trascendencia en la opinión pública, Granados Chapa estimó que más allá de una cobertura informativa que contribuyera a disminuir el impacto de la violencia, el acuerdo buscó “erigir un muro” y dividir a la prensa, quedando “fulminado todo aquel medio que falte a alguno de esos mandamientos (criterios), a juicio de los ciudadanos observadores”, en alusión al órgano ciudadano de observación aludido en el acuerdo para dar seguimiento a su cumplimiento (Proceso, 28/03/11). En representación de La Jornada, su coordinador de opinión, Luis Hernández Navarro, resaltó que el acuerdo se gestó con el objeto de “limitar y uniformar los criterios de información sobre la violencia”, y de formar parte de “una guerra semántica para construir un discurso informativo sobre la realidad a la medida de los intereses del gobierno federal”, beneficiando a Calderón Hinojosa (La Jornada, 29/03/11). “Al buscar normar lo que debería ser evidente demuestra que la realidad es distinta a como quisiera que fuera”, escribió al tiempo de documentar los esfuerzos del Ejecutivo federal para influir en la percepción social sobre la acometida de su administración contra el crimen organizado y sus desfavorables consecuencias. A pesar de ello, agregó, “su castillo de naipes informativo se derrumbó con los primeros soplidos de la realidad. Una ola de descabezados y más inocentes muertos evidenciaron que la inseguridad es un hecho real, no algo fabricado por los medios” (La Jornada, 29/03/11). En su oportunidad, la editorialista y conductora del noticiario matutino de mvs, Carmen Aristegui, llamó la atención alrededor del calificativo “mezquinos” que algunos firmantes le dirigieron a quienes no signaron el acuerdo, acotando, en su defensa, que tal y como ocurrió con Granados Chapa ni uno ni otro fueron invitados a suscribirlo. Respecto al acuerdo, argumentó que difícilmente podía justificarse una oposición a planteamientos que delinean un comportamiento responsable y ético de los medios, “pero resulta imposible sacudir la sospecha –como diría el doctor Edgardo Buscaglia– de que la pretensión final de todo esto es: “gerenciar el flujo de la información”, uniformar coberturas e intentar modificar, desde los medios y no desde la transformación misma de esta realidad, “Al buscar normar lo que debería ser evidente demuestra que la realidad es distinta a como quisiera que fuera” Luis Hernández Navarro
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