Rúbricas Número Especial 3

76 Otoño 2014 Las autoridades migratorias en esta circunstancia denotan dos enfermedades graves: la miopía y el estrabismo. Son miopes porque han dejado de reconocer la violencia sistemática que empuja a la población centroamericana a salir de sus países, especialmente la violencia en Honduras, lo cual constituye un elemento que les podría permitir acceder a la protección internacional establecida en la Declaración de Cartagena en el marco de la cooperación entre la región Centroamérica, el Estado mexicano y acnur. No obstante, la política de seguridad nacional que ha cundido por toda América Latina para asegurar los límites territoriales de Estados Unidos y sus recursos ha criminalizado a los pobres. Por otro lado, nuestras autoridades padecen de estrabismo porque su mirada de la migración no concreta una sola imagen, mira hacia dos lados distintos: mantiene un discurso de protección de los derechos humanos y, al mismo tiempo, ejercita una política de otorgar seguridad a la migración sometiéndola al encierro en las estaciones migratorias y, finalmente, a la deportación, sin analizar los casos que requieran acceso a justicia. Los retos más importantes que enfrentamos en este tema son: tratar de establecer argumentos jurídicos suficientes desde la perspectiva de los derechos humanos, para que les sean reconocidos los derechos a la protección internacional, y alternativas a la detención de aquella persona que huye o sufre de la violencia generalizada en su país de origen o en México. Esto nos llevaría a generar una estrategia de acceso a la justicia para garantizar sus derechos. Martín Juárez Guevara Programa Trata y Tráfico de Personas En el contexto centro de México, el tema de la trata de personas adquiere relevancia porque se considera que Tlaxcala y Puebla forman parte de una de las rutas más importantes de tráfico de personas. Aunque sabemos también que el impacto de esta actividad delincuencial es igualmente fuerte en otras zonas del país por lo que sería necesario establecer cambios en varios aspectos: en el ámbito de la investigación, la prevención, el acceso a la justicia y las estrategias alternativas en el tratamiento de las víctimas de trata de personas. En cuanto a la investigación, hay que señalar tres acciones importantes: la primera es que siguen siendo pocos los trabajos que se generan en contextos académicos y, en su mayoría, se han concentrado en investigaciones locales enfatizando, en lo fundamental, aspectos de la ley. El trabajo académico sobre la trata de personas tiende a evolucionar hacia el análisis de fenómenos trasnacionales, sobre todo cuando se vincula el tema de la migración irregular y la falta de protección internacional para las personas migrantes. Además, se ha focalizado sobremanera en el tema de la trata con fines de explotación sexual lo cual propicia una sobrevaluación del fenómeno en este contexto, en detrimento de los ilícitos de explotación laboral en campos agrícolas, procesamiento de alimentos y la construcción. Otro de los aspectos a destacar es el poco financiamiento para proyectos de investigación vinculados a este tema que, a pesar de su relevancia social, no se considera un área prioritaria en los cuerpos académicos. Para poder avanzar en el análisis y ampliar el conocimiento en relación con este fenómeno, se requiere incrementar el interés académico, cambiar la representación negativa que se tiene en el contexto académico y reenfocarlo hacia otros tipos de trata. El llamado de las organizaciones de la sociedad civil está dirigido a multiplicar y fortalecer las experiencias de prevención. Aunque también se reconoce que dichas estrategias de prevención tienen que transformarse. Hasta el momento, se sostiene la hipótesis de que informar es prevenir. Sin embargo, en la práctica, trae resultados limitados y poco duraderos. El problema de la trata de personas requiere de procesos de prevención que tengan raíces en contextos comunitarios. El objetivo en este sentido es que las organizaciones civiles acepten que la verdadera meta en este tema es la transformación de las formas de organización comunitaria, las cuales toleran ciertas conductas ilícitas, reproducen el silencio y el encubrimiento de estos delitos. En el ámbito de los mecanismos de protección para las víctimas de trata, tenemos un gran desafío. Se han diseñado mecanismos que hasta el momento han presentado buenos resultados, aunque no para todas las víctimas. La figura del “refugio” se ha constituido como una instancia de resguardo y no de tratamiento y protección. El reto que tenemos en adelante es la construcción de un mayor número de refugios, con un presupuesto asegurado que les permita operar sin problemas y en donde se atienda a las personas afectadas por la trata y las hagan vivir un proceso de reinserción social y a la par de defensa jurídica de su derecho a la justicia. Sabemos que la gran mayoría de las personas afectadas por la trata no denuncian y muchas de ellas continúan en los contextos de explotación, a los que ven como la opción para librarse de la pobreza, pese al sufrimiento. La meta con esta población en situación de explotación es generar estrategias de “reducción de daño” a través de equipos de abordaje y escucha que puedan documentar su historia y acompañar en el proceso de la denuncia o el tratamiento.

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